El Giro Represivo de Syriza

Por Stathis Kouvrlakis y Costas Lapavitsas

El gobierno de Alexis Tsipras prometió acabar con la austeridad. Ahora defiende a los bancos contra las personas desalojadas de sus hogares y persigue a quienes protestan.

Muchos en la izquierda internacional creen que las cosas en Grecia están mejorando lentamente, y que el gobierno de Syriza sigue siendo una fuerza de izquierda que protege los intereses de los trabajadores y de los pobres, incluso a pesar de muy difíciles condiciones. Para aquellos que aceptan esta opinión, los recientes acontecimientos en el país serán una sorpresa desagradable.

La amarga realidad es que, desde que se entregaron a la Troika de los acreedores de Grecia (UE, Banco Central Europeo, FMI) en julio de 2015, Tsipras y su gobierno han seguido las mismas políticas neoliberales radicales implementadas por todos los gobiernos griegos desde 2010, año en el que se firmó el primer acuerdo de rescate con la troika.

El gobierno de Tsipras ha llevado a cabo recortes drásticos en el gasto público, promovido la desregulación y extendido la privatización, además de restringir los salarios, las pensiones y los beneficios sociales. Ha reducido especialmente la inversión pública, al tiempo de elevar los impuestos directos e indirectos a niveles sin precedentes, golpeando despiadadamente a los hogares de ingresos bajos y medios.

La única diferencia con los gobiernos anteriores es que Tsipras y su partido fueron elegidos en enero de 2015 precisamente para revertir estas políticas. Su extraordinario giro en 180 grados en el verano de 2015, solo días después de un plebiscito en el que el 61 por ciento del electorado rechazó la imposición de una mayor austeridad, fue un shock traumático para el público griego. En los tres años siguientes, el cinismo del gobierno de Tsipras ha llevado a una profunda desmoralización popular que penetra todos los ámbitos de la vida pública. La pasividad y el desaliento han sido los principales factores que permitieron al gobierno implementar un nuevo rescate sin enfrentar una oposición importante.

Syriza está haciendo así un buen servicio a la Troika. Sin embargo, tales políticas de austeridad, desregulación y privatización, que dañan a la mayoría de la población, son en última instancia imposibles de implementar sin un grado de represión y un marco ampliamente coercitivo. Es imposible imponer plenamente los recortes en los servicios públicos, las reducciones en las pensiones y los salarios, los aumentos de impuestos y las condiciones laborales extraordinariamente explotadoras, sin sofocar la oposición activa y generar un clima de temor sobre lo que es probable que le suceda a quienes no se someten.

Esto ha sido ampliamente confirmado por la experiencia política de Europa occidental, pero también de los Estados Unidos y otros países en las últimas cuatro décadas. Desde 2010 hasta 2015, la propia Grecia vio una extraordinaria proliferación de medidas represivas y autoritarias a medida que los gobiernos sucesivos iban implementando  paquetes de rescate. Lenta, segura e inevitablemente, el gobierno de Alexis Tsipras ha tomado el mismo camino.

Lo más notable en los últimos meses es la forma en que la presión sobre los bancos griegos ha impulsado un aumento en los desalojos y las ejecuciones hipotecarias. Si una vez Syriza levantó el eslogan "ninguna casa en manos de los bancos", hoy en día está atacando a los manifestantes que intentan detener la subasta de casas. Las nuevas leyes amenazan con prisión a aquellos que interfieren con el proceso de subasta; de hecho, las detenciones de críticos del gobierno ya han comenzado.



APRETANDO LOS TORNILLOS

Para comprender la creciente importancia política de la batalla por las ejecuciones hipotecarias, es importante considerar la peligrosa situación de los bancos griegos y la presión que ejercen sobre el gobierno y la sociedad griega en general. De hecho, es precisamente para prevenir un nuevo brote de inestabilidad bancaria que el gobierno haya recurrido a métodos cada vez más represivos.

A lo largo de la crisis, el sistema bancario griego ha llegado a ser dominado por cuatro bancos "sistémicos" que controlan más del 90 por ciento de todos los depósitos y activos. Estos bancos han sido los partidarios más fuertes de las estrategias de rescate desde 2010 y han desplegado su enorme poder económico y social para forzar a los sucesivos gobiernos griegos, incluido el de Syriza, a cumplir con los requisitos de los prestamistas, para evitar el colapso bancario y protegerse de ellos mismos de una posible nacionalización.

Desde el comienzo de la crisis, ha habido dos recapitalizaciones principales de los bancos, una de las cuales fue realizada por el gobierno de Syriza. Los costes totales han superado los 45 mil millones de euros. Esto fue financiado en su totalidad a través de préstamos públicos, que serán pagados por los contribuyentes. A pesar de esta imposición extraordinaria sobre el público griego, los bancos actualmente tienen el récord europeo de "préstamos incobrables" y han dejado de apoyar la actividad económica. Sus "préstamos incobrables" incluyen los Préstamos no Redituables (NPL), que son préstamos que ya superan los noventa días de retraso en el pago del capital e intereses, pero también Patrimonio no redituable (NPE), una categoría más amplia que incluye préstamos que no se espera que sean plenamente retribuidos, aunque todavía no haya retrasos formales en la realización de los pagos.

Reducir la exposición de los bancos griegos a las NPE y NPL ha sido durante años una de las principales prioridades para el Banco Central Europeo. Desde 2016, el gobierno de Tsipras ha complació obedientemente al facilitar una ola de recuperaciones de propiedades, incluidas viviendas de la gente, así como la venta de paquetes de préstamos con descuento para fondos buitre. Las subastas de propiedades han jugado un papel importante en este sentido.

No hay absolutamente ningún misterio con respecto a la incapacidad de los bancos para manejar este problema, cuyas razones se remontan al acuerdo de rescate de Tsipras. En pocas palabras, se espera que los bancos griegos borren gradualmente sus balances de préstamos incobrables a través de subastas, ventas y prácticas de cobro más severas, un proceso que sin duda llevará varios años. Al mismo tiempo se espera que los bancos apoyen la actividad económica a través de la provisión de crédito nuevo. Sin embargo, de manera bastante natural, los bancos han tendido a reducir sus préstamos nuevos al intentar liquidar sus balances de préstamos incobrables. Sin embargo, este recorte de préstamos en realidad ha socavado la recuperación y el crecimiento, haciendo que el problema del préstamo incobrable se vuelva peor para la economía. La disminución general de los préstamos también significa que los préstamos incobrables representan una proporción mayor del total. Este es un ejemplo perfecto de las tonterías económicas en la médula del rescate de Tsipras.

El fracaso de los bancos griegos con respecto a los préstamos incobrables ha llevado a un colapso de sus acciones en el mercado de valores de Atenas desde principios del verano de 2018, convirtiéndose durante el último mes en una derrota. En efecto, todo el sector bancario griego se ha devaluado dramáticamente desde que se firmó el rescate de Tsipras. Como resultado, ha habido rumores de la necesidad de otro ataque de recapitalización. Si eso llegara a materializarse, sería un completo desastre para el gobierno, que enfrenta las elecciones nacionales en 2019.

Por lo tanto, la aceleración del programa de liquidación de préstamos incobrables ha llegado a la cima de la agenda de la Troika y de sus dóciles ejecutores en el gobierno de Tsipras. Y dado que el problema parece ser más persistente entre los préstamos residenciales y de consumo, han establecido conjuntamente objetivos extraordinariamente ambiciosos de recuperar y vender 8-10,000 viviendas para 2018, que se aumentarán a 50,000 en 2019.



ELIGIENDO COMO BLANCO LAS ACCIONES DE PROTESTA

Desde la gran vuelta en U, el tema de las recuperaciones se ha convertido en uno de los problemas políticos más espinosos que enfrentan Tsipras y su partido. Hasta el año 2015, el eslogan de “No hay hogar en manos de los bancos” fue uno de los gritos más populares en los mítines de Syriza. Sin embargo, ante las presiones generadas por su propio rescate, el gobierno de Tsipras aprobó una ley para castigar cualquier acción que tenga como objetivo evitar las subastas de propiedades ejecutadas, con penas que varían de tres a seis meses en prisión.

Esto ha sentado las bases para una gran batalla entre el gobierno y un movimiento dinámico que está en contra de las subastas de propiedades ejecutadas. Este movimiento, de hecho, ha tomado un nuevo impulso después del relanzamiento de las subastas en otoño de 2016. Durante muchos meses, la movilización de determinados grupos de activistas en las salas de los tribunales logró cancelar cientos de esas ventas, ralentizando significativamente todo el proceso. Esta es, sin duda, una razón más por la que los bancos no han cumplido sus objetivos.

La reacción del gobierno, inclinándose a la presión de la Troika, fue trasladar el procedimiento de subastas después del verano de 2017 a una plataforma electrónica activada por abogados dentro de las puertas cerradas de sus oficinas, en lugar de tener las subastas en público. Esto ciertamente ha hecho que las acciones de protesta sean más difíciles de organizar. Sin embargo, las protestas han continuado, aunque a una escala más limitada, impidiendo muchas subastas y afectando negativamente la disposición de los notarios a participar en el proceso.

Durante este período, los enfrentamientos con la policía comenzaron a intensificarse en los vestíbulos de entrada de las oficinas de los notarios. Los activistas fueron filmados durante las protestas y posteriormente acusados. Desde el comienzo del año, decenas de activistas en todo el país se han enfrentado a cargos de la policía. Entre ellos se encuentra Elias Smilios, un concejal municipal en la región de Ambelokipi-Menemeni, que se encuentra en la zona más extensa de Tesalónica, la segunda ciudad más grande de Grecia, y que también es miembro de Antarsya, una coalición de organizaciones de izquierda radical. En la pequeña ciudad provincial de Volos, no menos de veinte activistas están bajo investigación, al igual que otros quince activistas en las ciudades provinciales de Argos y Nafplio. El juicio de tres activistas comenzó en Atenas el 21 de septiembre.

La intensificación de la represión judicial relacionada con las subastas de viviendas es solo el ejemplo más obvio de las prácticas autoritarias implementadas por el gobierno de Tsipras. La represión judicial también se ha desplegado contra quienes intentan defender el medio ambiente, como en la represión policial de quienes protestaban contra el proyecto de minería al aire libre operado por una empresa canadiense en Skouries, en el norte de Grecia. En términos más generales, el gobierno ha utilizado la fuerza desnuda para reprimir todas las protestas contra sus políticas, especialmente cuando existe la posibilidad de que se propaguen. El uso de la policía antidisturbios contra los jubilados es solo el ejemplo más escandaloso. Finalmente, hay informes frecuentes de funcionarios estatales, incluida la policía, que se movilizan para implementar políticas gubernamentales en el sector eléctrico y en otros lugares. Un patrón definido ha comenzado a surgir en el que el gobierno se basa en los mecanismos represivos del "deep state" [Nota de los traductores: es decir, las redes coordinadas de poder que abarcan a militares e integrantes de los servicios de seguridad, la burocracia, la judicatura, las élites económicas, organizaciones criminales, etc.] para defender las duras realidades creadas por el rescate de Tsipras.


LAFAZANIS

Un umbral simbólico en esta escalada represión se cruzó el 26 de septiembre, el día en que Panagiotis Lafazanis, un veterano de la izquierda radical griega, fue llamado a responder a los cargos por su participación en acciones de protesta semanales contra las subastas de viviendas de los notarios.

Lafazanis fue Ministro de Energía en el gobierno de Syriza antes de la vuelta en U de Tsipras, y figura destacada de la "Plataforma de Izquierda", que en ese momento movilizó a la mayor parte del ala izquierda de Syriza. Ahora es el secretario de Unidad Popular, un frente político creado en el verano de 2015 principalmente por las fuerzas de la Plataforma de Izquierda, que se separaron de Syriza y se unieron a otras organizaciones de la izquierda radical.

Esta es la primera vez desde la caída de la dictadura en la década de 1970, durante la cual Lafazanis fue perseguido por sus actividades clandestinas en el movimiento estudiantil y en la organización juvenil del entonces ilegal Partido Comunista, que un líder de un partido de izquierda ha sido procesado por razones políticas. Los cargos que enfrenta están relacionados con presuntas violaciones de no menos de quince artículos del código penal, potencialmente punibles con penas de prisión de hasta dos años. Si se le declara culpable de todos los cargos, su sentencia podría ascender hasta nueve años.

Lo que es igualmente notable es que los procedimientos han emanado del "Departamento para la Protección del Estado y de la Política Democrática", una rama especial de los Servicios de Seguridad de Grecia que se supone rastrea las actividades relacionadas con el terrorismo, o actividades que generalmente amenazan la democracia. El departamento fue creado el año 2000, en el momento de una campaña de "modernización" en Grecia, mientras se abría camino a unirse a la Unión Monetaria Europea, y se actualizó en 2011, después de que el país ingresara en el régimen de rescate. Se ha implementado sistemáticamente como una agencia para monitorear las acciones de protesta, y la legislación del gobierno de Syriza ha extendido aún más su rango de actividades de vigilancia. Es notable que, desde su creación, el departamento no haya tomado medidas contra el partido fascista Amanecer Dorado.

Lafazanis no es el único activista político que es blanco del departamento. Otros cuatro activistas, entre ellos un miembro de la Unidad Popular y dos conocidas figuras de la red "I Won't Pay" [“No Pagaré”], Leonidas y Elias Papadopoulos, también han sido llamados para responder a una larga lista de cargos. También ha quedado claro que Lafazanis ha estado bajo una vigilancia constante por parte de un equipo de policías disfrazados de periodistas que filmaban acciones de protesta. Este material se ha complementado con fotos y videos que el departamento exigió a las compañías de televisión. Las publicaciones de Facebook también se utilizaron para identificar a los activistas en varios eventos de protesta.


¿QUÉ SIGUE?

La marea creciente de procesamientos ha obligado a los medios griegos a prestar cierta atención a la escalada de la represión estatal. También ha provocado cierta reacción pública, incluida una interpelación parlamentaria presentada por cuarenta y tres diputados de Syriza al Ministro de Justicia. En efecto, se han dado cuenta de los acontecimientos profundamente preocupantes que se producen en las entrañas del estado griego bajo el gobierno de Syriza y están tratando de salvar lo poco que queda de su estatura moral. Sin embargo, la posición oficial del gobierno es que este asunto pertenece por completo al ámbito del poder judicial de la policía y no tiene nada que ver con decisiones políticas.

No obstante, el hecho es que la iniciativa de los procesos judiciales no provino del poder judicial, sino del Estado más profundo, es decir, el Departamento de Protección del Estado y de la Política Democrática. Este departamento es responsable ante el Ministro de Orden Público. En resumen, existe la participación y la complicidad del gobierno, que está directamente relacionada con el tercer rescate y la crisis reciente que se está desarrollando en los bancos griegos.

Los rescates neoliberales requieren represión, y el gobierno de Syriza no ha demostrado ser una excepción a esta regla. Ya se ha hecho un gran daño a la democracia en Grecia, y es probable que las cosas se vuelvan aún más duras en los meses venideros a medida que se acercan las elecciones, y que los problemas de los bancos probablemente sean el centro de atención. El desastre económico y social causado por la capitulación de Tsipras se ha hecho evidente en amplias capas del electorado, y los sentimientos de desprecio son generalizados.

Dado que este gobierno ya ha vendido su alma al comprometerse con los prestamistas, no tendrá ningún reparo en escalar la represión contra todos aquellos que se oponen activamente a ella. Se necesita urgentemente la solidaridad internacional para detener este giro profundamente preocupante de los acontecimientos en Grecia. Se está convirtiendo rápidamente en una cuestión de defensa de la democracia.

 
SOBRE EL AUTOR
Stathis Kouvelakis enseña teoría política en el King's College de Londres. Anteriormente se desempeñó en el comité central de Syriza.

Costas Lapavitsas es profesor de economía en SOAS y ex miembro del Parlamento griego.

Artículo original "Syrizas's repressive turn" publicado en Jacobin Magazine 
https://jacobinmag.com/2018/10/syriza-repression-foreclosure-banks-tsipras